Estatuto de Westminster

Este artículo trata sobre el Estatuto de Westminster relacionado con el Imperio Británico y sus dominios. Hubo también Estatutos de Westminster en 1275, 1285 y 1290 (conocidos como 'Primero', 'Segundo' y 'Tercero'), relacionado con el gobierno del Reino de Inglaterra.

Estatuto de Westminster
Acta para dar efecto a determinadas resoluciones aprobadas por las Conferencias Imperiales celebradas en los años 1926 y 1930
Extensión teritorial	Reino Unido Reino Unido  Australia  Canadá Estado Libre Irlandés Terranova Nueva Zelanda Nueva Zelanda  Sudáfrica
Legislado por	Parlamento del Reino Unido
Hecho por	J. H. Thomas
Historia
Promulgación	11 de diciembre de 1931
Publicación	1931
Legislación relacionada
Modifica	Acta de Validez de Leyes Coloniales
Modificada por	Acta de la Norteamérica británica de 1949 Acta de Sudáfrica de 1962 Acta de interpretación de 1978 Acta de la marina mercante de 1995
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El Estatuto de Westminster de 1931 es un acta del Parlamento del Reino Unido (del 11 de diciembre de 1931) que estableció un estatus de igualdad legislativa entre los dominios autogobernados del Imperio Británico y el Reino Unido. El Estatuto se convirtió en ley interna dentro de cada uno de los otros territorios de la Commonwealth después de las transferencias de poderes legislativos efectuadas en la constitución particular de cada uno, con el alcance de que no quedara caduca en ese proceso. El Estatuto es aludido algunas veces, especialmente en los antiguos dominios, como el Tratado de Westminster, pese a que no tiene la forma de un tratado.

Este tiene una gran importancia histórica porque marcó la independencia de dichos países, inmediata o posteriormente a su ratificación. Sus poderes constitucionales residuales fueron reemplazados por la legislación posterior. Su importancia actual es que fija la base para la relación continua entre reinos de la Commonwealth y la estructura de la Corona.

Paralelamente, en el contexto de la Gran Depresión el Reino Unido se sirvió de la Commonwealth para mantener su economía dentro de un circuito cerrado, paliando así sus efectos ya que, pese a adoptar una política económica proteccionista tras su tradición librecambista, el Reino Unido pudo comerciar con estos territorios en una situación claramente ventajosa.